Dimensiones estructurales

Comunicación. Seminario de Metodología. Doctorado en Ciencia Política. Universidad del Salvador- Sesiones del 28 de septiembre, 5 y 12 de octubre de 2007.

Entre las categorías de análisis de dimensión estructural , más sistemáticas y constantes, incorporamos insumos de contextualización global, que operaron como condiciones externas de la estructura de rol (I) ; e indicadores jurídico-normativos que operaron como condiciones internas de formalización (II).

I.- Categorías estructurales a nivel contextual global

Para controlar el posible efecto que las condiciones generales pudieron ejercer sobre la estructura de rol del principal ocupante del poder, identificamos dimensiones correlativas de bajo nivel de contrastación. Por su carácter externo fueron relevantes en tanto sirvieron como referentes externos que operaron como condiciones iniciales de la estructura de rol, poniendo límites o activando la demanda hacia el principal ocupante del poder. Las tres variables enmarcadas en las condiciones generales de un sistema de contextualización global fueron, por su orden, las siguientes:

  • Contexto internacional.- Esta primera inclusión obedeció a la necesidad de registrar la situación mundial a través del “rol del hegemon” y la estructura de poder internacional como marco condicionante que debió producir impacto en la situación del país, en la organización del Estado y en el comportamiento del actor presidencial. En ese escenario de extrema complejidad, registramos cinco tendencias mundiales cuya gravitación nos pareció relevante : Los procesos tecnológicos en gran escala – La crisis del sistema mundial – La expansión de las grandes corporaciones – El incremento de los conflictos sociales – El protagonismo del Estado.
  • Situación del país.- Tras la descripción preliminar del escenario mundial condicionante , dirigimos la mirada a la situación del país para identificar las secuencias y develar los enigmas de la vasta y compleja realidad nacional a través de sus componentes sociales, políticos, económicos, ideológicos, culturales vigentes en el período muestreado. La descripción comprendió dos niveles correlativos y complementarios: en el primer nivel, Situación del país, registramos características de la sociedad argentina focalizada selectivamente en algunos campos relevantes. En el segundo nivel, Diagnóstico necesario, ahondamos en la explicación de las características según sus causas.
  • Ideas dominantes.- Reseñado el contexto internacional y diagnosticada la situación del país, nos interesó incursionar en el debate institucional sobre los fundamentos del sistema político y sobre las bases de la acción de gobierno, resultando sugerentes preguntas del siguiente tipo : : ¿Qué arsenal de ideas debió abastecer a los estadistas y gobernantes de cada tiempo, toda vez que pretendieron responder a los imperativos de la “demanda social”? Y acto seguido ¿qué proyecto de país y qué modelo de Estado fueron propuestos, dadas las condiciones socialmente imperantes en cada tramo de esa centuria fuertemente convulsionada? Para dar cuenta de tales interrogantes, incorporamos la representación que los ideólogos y políticos hicieron del país real, centrando el relato en las ideas, creencias y doctrinas que en cada caso operaron como “ideología de dominación” impuesta por la clase gobernante.

I I.- Categorías estructurales a nivel jurídico-normativo

Al considerar a las categorías estructurales como determinantes principales del poder hegemónico detentado por el principal ocupante del poder, nos propusimos investigar las normas de carácter interno que operaron como factor preponderante sobre la “estructura de rol” formalizada por el sistema constitucional. En consecuencia, seleccionamos ocho categorías a ser tratadas en su nivel jurídico-normativo de formalización. Las variables propuestas fueron, por su orden, las siguientes:

  • La autoridad ejecutiva.- Esta primera dimensión tuvo por objeto registrar las condiciones constitucionales exigidas para acceder al máximo cargo ejecutivo, que el sistema “presidencialista” argentino ponía en manos de una autoridad “unipersonal”. En esta primera dimensión estructural procuramos registrar el estatus que le era asignado al ocupante del poder por la normativa constitucional. Dada la primacía asignada a la exclusiva autoridad presidencial, seleccionamos seis variables consideradas relevantes : Unipersonalidad del cargo – Titulación del alto puesto – Condiciones de elegibilidad – Duración del mandato – Elección del presidente – Acefalía presidencial.
  • La articulación del poder.- En esta nueva dimensión tratamos de indagar en los factores de poder articulados por el actor presidencial como consecuencia de las facultades asignadas por la normativa constitucional. Nos interesamos en medir el poder ejercido por el presidente en su condición de líder de una mayoría electoral, lo que significó incursionar en la organización constitucional y legal de los partidos políticos y del sistema electoral en los distintos tramos del período de corte. Para dimensionar la articulación del poder revisamos prescripciones normativas sobre Partidos políticos – Sistemas y procedimientos electorales – Mayorías y minorías aritméticas.
  • El instituto ministerial.- Seguidamente consideramos relevante analizar el papel constitucional de los ministros , cuyo estatus político, en congruencia con su condición jurídica, los subordinaba al Poder Ejecutivo unipersonal. Aunque la normativa constitucional fue objeto de múltiples interpretaciones reflejadas en debates teóricos y en posiciones prácticas, siempre prevaleció el concepto de que los ministros, como importante engranaje de la política presidencial, debían actuar como “altos empleados”del jefe del Estado. Nuestra observación abarcó las siguientes variables : Estatus constitucional de los ministros – Nombramiento y remoción – Atribuciones y competencias – Responsabilidad ministerial – Asignación de “ramos” ministeriales.
  • La administración pública.- La inclusión de esta categoría resultó relevante, por ser la administración pública la actividad práctica que desarrolla el Poder Ejecutivo para realizar los cometidos de gestión asumidos como propios dentro de su esfera de actuación. La mayor parte de ese complejo orgánico y funcional debía ser llevada a cabo, directa o indirectamente, por el “máximo ocupante del poder” a través de sus órganos de gestión. Esa relación, cuya dependencia jerárquica respecto del poder ejecutivo justificó la atención preferente del instituto administrativo a través del siguiente registro de variables : Organización administrativa – Estatus del agente público – Racionalización administrativa – Ejercicio del “poder de policía”.
  • La relación con el Congreso.- El espacio relacional entre los dos poderes políticos nos permitió indagar en el presunto desequilibrio existente en la correlación de fuerzas, tomando como fuente el texto constitucional. En consecuencia, nos propusimos verificar en qué medida la normativa fundamental privilegiaba, más allá del aparente diseño piramidal, el protagonismo del poder ejecutivo y por ende del actor presidencial. Todo indicaría que la constitución privilegiaba la conducción política y administrativa como la actividad vital, continua e ininterrumpida dentro del conjunto del poder estatal. El hilo conductor estuvo encaminado a registrar la incidencia que tuvo el poder ejecutivo en cada uno de esos tres factores constitutivos de la institución parlamentaria. Las variables registradas fueron aquí las siguientes: Estructura y organización – Ejercicio de la función legislativa – Atribución de funciones de control.
  • La relación con la Justicia.- Al situar al “ocupante del cargo” en su contexto de “división de poderes” tratamos de corroborar los desfasajes causados en la correlación de fuerzas entre el órgano ejecutivo y el poder judicial, a la luz del ordenamiento constitucional. En efecto, según sus normas principales, la justicia sólo podía cumplir sus funciones si contaba con la iniciativa del gobierno actuada en su organización, funcionamiento y aplicación. En términos actuales ello significa que el poder judicial -más concretamente la Corte Suprema- fue pensada como una herramienta de gobernabilidad y de acompañamiento al gobierno nacional. Como evidencia hermenéutica indagamos en dos variables normativas emblemáticas : Designación de los jueces nacionales – Actuación de la justicia administrativa.
  • El ordenamiento territorial.- En esta categoría de análisis registramos las facultades constitucionales de centralización territorial asignadas al principal “ocupante del cargo” como representante protagónico en ejercicio del poder central. La estructura constitucional establecía una relación de subordinación desde el poder central hacia las autonomías locales. Esa vertebración centrípeta operaba a través de la llamada supremacía federal mediante la cual las partes quedaban sujetas al todo, sin que obstaran las siempre necesarias relaciones de participación y coordinación. Supremacía federal que fue analizada a través de las siguientes variables : Primacía constitucional federal – Prelación infraconstitucional federal – Subordinación de gobernadores de provincia – Institutos de intervención y control.
  • Los cometidos del Estado.- Consideramos pertinente explorar las facultades de intervención en la sociedad asignadas al gobierno por el ordenamiento constitucional, teniendo en cuenta la permanente dilatación del tejido social y el crecimiento del estado a lo largo del convulsionado siglo XX. En sintonía con el espíritu de la época, el titular del gobierno fue el ejecutor directo de la intervención del estado en prácticamente todos los campos y sectores de la sociedad. En orden a tales atribuciones capitales, el titular del poder ejecutivo fue dotado por la legislación de amplísimos cometidos que el estudio condensó en el registro de tres variables principales : Intervención en la economía – Apropiación en la cultura -Limitación en los derechos.

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